El PAMI implementará un esquema de cancelación de deudas con farmacias y otros prestadores mediante la entrega de Letras Capitalizables del Tesoro (Lecap), en una medida que busca regularizar compromisos acumulados por más de $500.000 millones.
Según la información difundida entre entidades farmacéuticas, la obra social utilizará la Lecap S31L6, un instrumento financiero con vencimiento el 31 de julio de 2026, para saldar obligaciones correspondientes a distintos períodos del convenio de medicamentos ambulatorios y prestaciones vinculadas al suministro de pañales.
El mecanismo fue analizado y aprobado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que posteriormente remitió la documentación correspondiente al organismo nacional. No obstante, aún no fue confirmada la fecha exacta en que los títulos serán transferidos a los prestadores.
Desde el punto de vista operativo, el esquema implica que el PAMI reconoce la totalidad de la deuda y la cancela mediante instrumentos financieros emitidos por el Tesoro Nacional. Las farmacias podrán conservar los títulos hasta su vencimiento para percibir capital e intereses o venderlos anticipadamente en el mercado secundario para obtener liquidez inmediata.
La decisión se produce en un contexto de tensión financiera dentro del sistema de salud, donde las demoras en los pagos impactan sobre la cadena de abastecimiento de medicamentos e insumos. Diversos actores del sector advierten que la utilización de bonos en lugar de transferencias directas puede generar dificultades para aquellos prestadores que necesitan recursos de manera inmediata para afrontar gastos operativos.
La utilización de títulos públicos para cancelar obligaciones con proveedores no es una herramienta nueva. Durante los últimos años, el Gobierno nacional recurrió a mecanismos similares para regularizar compromisos con empresas energéticas y otros sectores, transformando pasivos corrientes en instrumentos de deuda pública.
Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran que estas medidas permiten administrar la liquidez del Estado y quienes sostienen que trasladan costos financieros a los proveedores, afectando su capacidad operativa y postergando la resolución definitiva de las obligaciones pendientes.
