El Ejecutivo retirará los artículos más duros del proyecto oficial para consensuar con el PRO y la UCR un nuevo esquema que mantendrá la compatibilidad laboral y la vigencia de un nomenclador común.
El ingreso del proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados abrió un inesperado frente de conflicto para el oficialismo. La inclusión de un apartado con fuertes recortes en el área de Discapacidad descolocó tanto a las bancadas dialoguistas como a las principales autoridades parlamentarias de La Libertad Avanza (LLA), entre ellas el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich.
El texto original elaborado por el Ministerio de Economía retrotraía las Pensiones No Contributivas a un esquema restrictivo de «invalidez laboral», fijaba su monto en el 70% del haber mínimo, eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como llave de acceso directa y disponía la caducidad inmediata del beneficio si el titular ingresaba al empleo formal o al monotributo. Asimismo, desarticulaba el nomenclador arancelario unificado de prestaciones básicas, facultando a cada obra social o jurisdicción a pactar aranceles propios.
La medida dinamitó las conversaciones paralelas que los legisladores oficialistas mantenían con el PRO, la UCR y bloques provinciales para diseñar una salida consensuada ante el vencimiento de la Emergencia en Discapacidad a fin de año. La falta de articulación derivó en reproches internos: mientras desde el entorno de Menem intentaron atenuar las culpas atribuyendo el texto a borradores previos no actualizados, Bullrich cuestionó con dureza al equipo económico por marginar a la mesa política de decisiones tan sensibles.
Frente a la amenaza de que la oposición unificada forzara el debate de su propio esquema en el recinto, el Poder Ejecutivo activó una marcha atrás. En las últimas horas, los negociadores libertarios transmitieron a sus socios parlamentarios que la versión inicial del capítulo será descartada y reemplazada por el dictamen de consenso que se elabore en comisión.
El nuevo entendimiento en marcha contempla tres ejes centrales:
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Compatibilidad laboral: A diferencia del proyecto original, se preservará la posibilidad de cobrar la pensión de manera complementaria con un empleo formal o actividad registrada.
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Nomenclador unificado con ajuste periódico: Se mantendrá un arancel universal para todo el sistema asistencial, con una actualización bimestral atada a la inflación (IPC).
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Criterios de asignación: Aunque se exigirán evaluaciones socioeconómicas más estrictas para certificar la necesidad del cobro —evitando que el CUD otorgue el subsidio de forma automática—, no se aplicará la incompatibilidad laboral absoluta.
Pese al principio de acuerdo, los bloques aliados mantienen una postura prudente a la espera de la letra chica. Uno de los puntos que aún genera fricciones es la instrumentación del cronograma de pagos correspondiente a las compensaciones adeudadas a los prestadores de salud por el atraso arancelario acumulado. Con el borrador definitivo sobre la mesa, la Casa Rosada buscará sellar el dictamen de mayoría en las próximas semanas para integrarlo directamente a la ley de leyes y desactivar la ofensiva opositora.
