Mediante el decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó la normativa que obligaba a los establecimientos privados a informar y obtener autorización previa para subir sus aranceles. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 787/2025, con el que quedó sin efecto el antiguo decreto 2417/1993 que regulaba los aranceles de los colegios privados, tanto en matrícula como en cuotas.
Hasta ahora, los establecimientos de gestión privada debían dar aviso antes del inicio del ciclo lectivo sobre los valores que iban a cobrar, cuántas cuotas se cobrarían y bajo qué condiciones, además de contar con la aprobación previa estatal para aplicar incrementos.
El Gobierno argumentó que la normativa vigente “fue dictada en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, ya que la administración educativa ya no depende directamente del gobierno nacional sino que muchas competencias fueron transferidas a las provincias, y que los costos operativos de los colegios han cambiado sustancialmente desde entonces.
Según el texto oficial, esta regulación “limita la capacidad de adaptación” de los institutos privados, al exigir que comunicaran los importes con anticipación y pidieran autorización para modificarlos, lo que generaba “incertidumbre económica” y elevaba los aranceles como mecanismo preventivo.
Con la derogación, los colegios privados quedan liberados de la obligación de informar por adelantado y de obtener aval estatal para ajustar sus cuotas o matrículas. La medida abre paso a que las instituciones dispongan de mayor flexibilidad para fijar sus valores en función de los costos internos y del mercado.
El impacto de esta decisión ya genera debates: por un lado, quienes celebran la desregulación anticipan una mayor libertad institucional y una posible mejora en la gestión educativa privada; por otro lado, quienes critican advierten que la medida podría derivar en subas más frecuentes de los aranceles, con consecuencias sobre la accesibilidad de las familias.
En ese marco, el Gobierno sostiene que la medida también responde al principio federal, al reconocer que la educación privada opera bajo distintas jurisdicciones provinciales y que la normativa nacional había quedado obsoleta.
En conclusión, la derogación del decreto 2417/1993 representa un cambio significativo en el régimen de regulación de los aranceles de la educación privada en Argentina, que abre una nueva etapa en la relación entre los establecimientos, las familias y la supervisión estatal.
